Proceso penal

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Medidas de aseguramiento de la declaración testifical en el proceso penal

12 de abril de 2022 Artículos doctrinales PROCESAL

Estudio sobre el régimen jurídico de la citación de los testigos en el proceso penal atendida su perspectiva constitucional. Medidas previstas en caso de omisión del deber de comparecencia por parte del testigo, con especial análisis de la medida de conducción que contempla el art. 420 LECrim, determinando su alcance y forma de llevarla a cabo teniendo en cuenta el insuficiente marco regulatorio actual. Regulación de la materia en el anteproyecto de Lecrim de noviembre de 2.020

Contornos penales del secreto profesional: breve comentario a la dispensa del art. 416.2

04 de mayo de 2021 Tribunas SECRETO PROFESIONAL

Todas las personas confiamos en que, cuando contamos algo a nuestros letrados, tal información tenga carácter reservado y, en consecuencia, no se utilice en ninguna ocasión por parte de los mismos con una finalidad distinta a la de defender nuestros intereses jurídicos. Pero ¿qué ocurriría si la culpabilidad o inocencia de un individuo en un proceso penal dependiera de esa información? 

"La modernización de nuestra Justicia Penal" un nuevo webinar de la serie “Diálogos para el futuro judicial”

¿Qué cambios exige nuestro proceso penal para dar una respuesta eficaz al previsible colapso judicial sin merma de derechos? ¿Qué posibilidades y qué limitaciones tendrá una futura Justicia digital? ¿Hacia dónde debe dirigirse nuestro Derecho penal para responder a la realidad del siglo XXI? Estas y otras cuestiones serán objeto de debate por cuatro destacados especialistas en la tercerea sesión de la serie de wébinars organizados por Wolters Kluwer "Plan de choque de la Justicia. Diálogos para el futuro judicial" que en esta ocasión lleva el título "La modernización de nuestra Justicia Penal"  

Política criminal: entre el Derecho y la ideología

El Gobierno de la Nación dirige la política criminal del Estado. ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas en el ámbito jurídico? Por un lado, están quienes propugnan una visión técnica del Derecho que aspiran a la resolución neutral e ideológicamente aséptica de los conflictos. Por otro, se alzan los que enfocan la materia jurídica desde una perspectiva eminentemente social y sin eludir el compromiso ideológico. El diseño de nuestro proceso penal es acaso el mejor ejemplo de esta tensión dialéctica muy particularmente en la vexata questio de si la instrucción penal debe estar a cargo de jueces o fiscales. 

El Constitucional admite a trámite el recurso de amparo de Forcadell contra la decisión del Supremo de asumir la competencia del proceso penal del 1-O

10 de abril de 2018 Noticias Desafío independentista

El Tribunal Constitucional ha hecho publica una providencia en la que admite por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la miembro de la mesa Ana Simó en contra de la decisión que tomó el Tribunal Supremo el pasado 9 de Noviembre para asumir la competencia en la causa penal por el referendum ilegal celebrado el pasado 1 de Octubre de 2017.

Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten

15 de septiembre de 2017 Noticias ANTECEDENTES PENALES

No puede omitirse la referencia a un antecedente penal por una condena extranjera que conste debidamente inscrito, con independencia de que el certificado se solicite para un procedimiento penal o para un fin distinto del proceso penal y con independencia de que haya transcurrido el plazo de cancelación exigido en el derecho español.

El derecho a la intimidad y la prueba obtenida mediante drones

22 de junio de 2016 Artículos doctrinales Drones

En este articulo nos planteamos si es posible el uso de drones en el proceso penal como medida de vigilancia y seguimiento policial y hasta que punto puede afectar o no a la inviolabilidad del domicilio. Para dar respuesta a estas cuestiones, estudiaremos el derecho fundamental recogido en el articulo 18.2  de la Constitución Española, el concepto de domicilio según la doctrina  del Tribunal Supremo y  del Tribunal Constitucional, en relación con  la regulación legal en el ámbito del derecho penal y la jurisprudencia existente, en especial la reciente STS 329/2016, de 20 de abril. 

Las intervenciones telefónicas: doctrina general a la luz de la LO 13/2015, de 5 de octubre

Las denominadas “escuchas telefónicas” –intervención de las comunicaciones telefónicas–, que pueden acordarse como diligencias instructoras en el ámbito del proceso penal –ordinario o abreviado–, requieren, para su adopción, del cumplimiento de una serie de formalidades materiales y procesales que delimitan su aplicación. El Tribunal Constitucional ha desarrollado toda una doctrina jurisprudencial en garantía del derecho fundamental del art. 18.3 CE, de tal manera que el instructor, y con carácter previo a la toma de decisión, se vea obligado a realizar un juicio de proporcionalidad concreto que avale tal injerencia, so pena de nulidad. La nueva regulación normativa viene a colmar un espacio necesario y hartamente demandado por la jurisprudencia, tanto nacional como de la Unión Europea, dando cabida así a la “habilitación legal” de la intervención, en tanto norma fundante de la injerencia en el derecho especialmente protegido.

El TS dicta su segunda sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS establece que establece que la  imposición de una pena a una personas jurídica exige la misma actividad probatoria que la requerida para justificar la procedencia de cualquier otra pena a una persona física. No puede aceptarse que en el proceso penal exista una doble vía probatoria: la prueba de la acción de la persona física y la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.

El TS modifica su criterio y admite que el orden penal puede privar a un condenado del ejercicio de la patria potestad ex art. 55 CP

16 de octubre de 2015 Noticias Patria potestad

La privación de la patria potestad conforme al art. 55 del CP se prevé con carácter potestativo pero de forma general en todo delito castigado con pena igual o superior a diez años, siempre que exista relación directa entre el delito y la privación del derecho a la patria potestad. Por ello, en el caso de un padre que ha acuchillado a su mujer en presencia de su hijo menor, procede adoptar tal medida en el propio proceso penal evitando dilaciones que si siempre son perjudiciales y que pueden ocasionar un daño irreparable en el desarrollo del hijo menor.

Las contenidos de WhatsApp como medio probatorio en el ámbito de las diligencias urgentes por delitos de violencia contra la mujer. Cuestiones en torno a su impugnación y a la práctica de la prueba pericial a la que se refiere la STS 300/2015, de 19 de mayo

Los avances tecnológicos nos sitúan ante la presencia en el proceso penal documentos electrónicos como son los derivados de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, cuya aportación es frecuente en las diligencias urgentes. La reciente STS 300/2015, de 19 de mayo, advierte de las cautelas con que ha de ser abordada la prueba de una comunicación bidireccional, dadas las posibilidades de manipulación de los archivos, por lo que considera indispensable que se practique una prueba pericial en caso de que la documental sea impugnada. No obstante, la práctica de esta pericial está rodeada de numerosos obstáculos de muy diversa naturaleza.

El principio de inmediación penal y la prueba por videoconferencia (relación entre los arts. 229 LOPJ y 731 bis LECrim.)

El proceso penal y la modernidad, con sus adelantos tecnológicos, no tienen por qué estar reñidos. Siempre y cuando los principios fundamentales a un juicio justo y con todas las garantías para el justiciable se respeten, y se tomen las medidas necesarias para que no pueda alegarse indefensión por el encausado, la incorporación de los nuevos medios de prueba y su validación, en todo caso, en la fase plenaria, significan un adelanto y una celeridad siempre bienvenidas.

Los Jueces decanos presentan '58 reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción'

04 de diciembre de 2014 Noticias Proceso penal

En materia de corrupción, los jueces piden ampliar el plazo de prescripción de los delitos, introducir el delito de enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato y el de financiación ilegal de partidos políticos y agravar las penas por tráfico de influencias, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios, e igualmente han abogado por limitar los indultos.  En materia de agilización del proceso penal, proponen medidas de refuerzo y apoyo así como de reforma del proceso penal,como reformar el sistema de recursos contra resoluciones de mero trámite que dilatan enormemente los sumarios, instaurar un sistema de costas y sanciones que "disuadan de pretensiones acusatorias temerarias", suprimir el "privilegio" de ciertas autoridades de declarar por escrito sin comparecer ante el juez o permitir al fiscal valorar si conviene iniciar o no el proceso penal en caso de pequeñas infracciones.

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